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Editorial

Procuraduría reitera que daminificados por invierno viven en la miseria

Procuraduría reitera que daminificados por invierno viven en la miseria

Sin agua potable, hacinados, con problemas de salud, en cambuches, con serios problemas de convivencia que incluso han desencadenado en situaciones de violencia, y en ambientes afectados por el manejo inadecuado de basuras; así sobreviven miles de damnificados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre, según lo pudo establecer la Procuraduría durante la segunda visita oficial a la zona, una de las más golpeadas por la fuerte ola invernal que padeció gran parte del territorio nacional.

La procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, se desplazó el viernes 28 de enero a la zona de “La Mojana”, visita a la que asistió además el vicecontralor general de la Nación, Álvaro Navas Patrón.

Entre el lunes 31 de enero y el miércoles 2 de febrero, la procuradora delegada recorrió las poblaciones de Arjona, Vereda Nueva Esperanza, Gambote (Bolívar); Pedraza, El Plato Magdalena, Tenerife y Corregimiento San Luis (Magdalena); Sabanalarga, Manatí, Candelaria y Santa Lucía (Bolívar), y dos centros de acopio de mercados; en los cuales comprobó la gravedad de la situación en la que sobreviven los damnificados. “Las condiciones de estas comunidades son preocupantes. Los damnificados nos abordaban con angustia y manifestaban que han pasado hambre y sed (...). Los niños y niñas son los más afectados”, afirma.

Advierte la Procuraduría que las niñas y los niños enfrentan una doble vulneración de sus derechos porque además de padecer las consecuencias del invierno, no tienen la posibilidad de continuar con su proceso educativo dadas las condiciones de las plantas físicas de los colegios, ya sea por inundaciones o porque aún se encuentran destinados como albergues: “No es posible iniciar la jornada académica en estas instalaciones sin unas acciones de restauración que incluyan desde lavado y desinfección, hasta pasar por adecuaciones físicas como reparaciones de baños, techos y paredes, de tal manera que las instituciones puedan cumplir no sólo con su objetivo académico, sino en su función de ser ambientes seguros y protectores para nuestra niñez”, señala la procuradora delegada.

Llamado

La Procuraduría reiteró su llamado de urgencia para que se agilice la gestión orientada a llevar oportunamente las ayudas a todos los damnificados, habilitar los albergues temporales e iniciar las labores de rehabilitación y reconstrucción de zonas, pero ante todo para suministrar agua potable, realizar brigadas de salud pública y emprender acciones tendientes a evitar propagación de enfermedades. Durante la visita de este órgano de control a la región Caribe, se evidenció que los damnificados han presentado alteraciones en su salud, reflejadas en vómito, diarrea, fiebre y brotes en la piel.

La ola invernal puso en evidencia la pobreza e inequidad social por la que atraviesan millones de colombianos, lo que agudiza y acrecienta los cordones de miseria de las poblaciones afectadas. Si bien es cierto que el Gobierno ha dedicado esfuerzos a la consecución de recursos, éstos no han sido oportunos para la atención de los damnificados. El Ministerio Público advierte la falta de planeación y articulación entre las entidades del orden nacional y los gobiernos departamentales y municipales.

Es perentorio que se optimice la gestión oficial para que se atienda al 100% de los damnificados y se cumpla con lo establecido en la fase de asistencia humanitaria. “No puede afirmarse de ninguna manera que ya se ha superado la primera fase de la emergencia invernal, se debe concretar la total cobertura de la atención humanitaria. Los informes aguantan todo, pero la verdad de las condiciones de los damnificados es lo que cuenta. Nosotros visitamos la zona de desastre y es lamentable encontrar que pasados tres meses desde que se agudizó el desastre invernal, aún gran parte de los damnificados están totalmente desatendidos”, señala la doctora Hoyos Castañeda.

La Procuraduría hace también un llamado a las familias, para que en cumplimiento de su función educadora y formadora de las niñas y los niños, los protejan y cuiden de cualquier riesgo de su entorno.

El Ministerio Público anuncia que en los próximos días iniciará las acciones disciplinarias contra los servidores públicos involucrados en la deficiente atención a los damnificados y oficiará a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las actuaciones de su competencia.

 

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