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Editorial

Investigación contra Uribe debe ser pública

Investigación contra Uribe debe ser pública

Las diligencias judiciales y demás procedimientos que  adelanta la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en desarrollo de las denuncias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez relacionadas con actividades de persecución, seguimiento y amenazas ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en adelante deberán hacerse permitiendo el acceso general al expediente y realizando sus deliberaciones de cara a la Nación.

La decisión fue adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en respuesta a una acción de tutela interpuesta por el abogado Luis Guillermo Pérez Casas, en su condición de apoderado de la ex senadora Piedad Córdoba y como miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. El abogado alegó que mantener la reserva sobre esta investigación afecta los derechos fundamentales de las víctimas de la persecución del DAS, así como su acceso a la justicia y su derecho a conocer la verdad.

En sala integrada por los magistrados José Joaquín Urbano, Álvaro Valdivieso y Jorge Enrique Vallejo, el Tribunal de Bogotá argumentó que en acatamiento del principio democrático de publicidad, consagrado en la Constitución, esta obligación no se puede desconocer manifestando que el investigado ya no ejerce como presidente de la República. Por el contrario, mantener bajo reserva el sumario implica una restricción y afecta la norma que rige en las investigaciones de fuero presidencial por la trascendencia política que constituye el ejercicio del poder.

La decisión, conocida por El Espectador, señala que según el artículo 426 de la Ley 600 de 2000, a diferencia de lo que acontece con otros funcionarios aforados que debe investigar la Cámara de Representantes, cuando se trate del presidente de la República esta investigación debe ser pública. El procedimiento, reglamentado además en la Ley Quinta de 1992, sostiene que la Comisión de Investigación debe adelantar la indagación previa y determinar si procede o no apertura formal de instrucción. La Cámara en pleno debe aprobar el proyecto y sostenerlo ante el Senado.

El abogado Pérez sostuvo en su acción de tutela que si bien la Comisión de Acusación es un órgano político, en el caso específico tiene que actuar como operador judicial y darle aplicación a los estándares internacionales de Derechos Humanos, en cuanto al debido proceso y el derecho de las víctimas. Como quiera que, en su criterio, las denuncias contra el ex presidente podrían implicar desviación de poder y responsabilidad del Estado, no se puede mantener la investigación reservada.

El Tribunal de Bogotá aceptó sus argumentos y ordenó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que, a partir de ahora, toda actuación en la investigación preliminar adelantada contra el ex presidente Álvaro Uribe por el sonado caso de las actividades de persecución, seguimientos y amenazas ilegales por parte del DAS contra periodistas, opositores, magistrados de las altas cortes y otras personas debe adelantarse con estricto respeto al principio de publicidad, preservando el derecho al debido proceso de las víctimas.

No es la primera vez que este tipo de controversia se ventila ante los tribunales respecto a investigaciones contra quienes hayan ejercido la primera magistratura del Estado. En 1996, en la antesala del juicio de responsabilidades contra el entonces presidente Ernesto Samper por la presencia de dineros del narcotráfico en su campaña política, la Corte Constitucional declaró inconstitucional una norma del reglamento interno del Congreso en la cual se pretendía que fueran secretas las proposiciones de acusación ante el Senado de la República.

En su momento, la Corte Constitucional argumentó que cuando el congresista actúa como juez su votación deberá ser nominal y pública. Con este argumento, le dio la razón al demandante, quien sostuvo que mantener la reserva en este tipo de procedimientos impide que los ciudadanos participen en el control de las decisiones adoptadas por sus representantes, y que además se estaba imponiendo una discriminación en favor de altos funcionarios del Estado inmersos en procesos judiciales.

 

http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-246245-investigacion-contra-uribe-debe-ser-publica

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